En los últimos 25 años, se han visto importantes avances en materia de Derechos Humanos y de acceso a la justicia; sin embargo se ha registrado un proceso de degradación ambiental que afecta y pone en peligro a las personas y a sus medios de vida. De cara a esta situación, la UNES pide que se trabaje para establecer una Paz con el Ambiente.
El período 2011-2015 ha sido el quinquenio más caliente que se ha registrado en las últimas seis décadas, con un aumento promedio anual de la temperatura de más de 1.3° C, y fuertes sequias en los últimos 4 años. En los últimos 30 años, los caudales de los ríos han disminuido hasta un 80% y a la fecha la tercera parte del agua de los ríos del país (31%) es de mala calidad mientras únicamente el 12% está calificada como buena.
“A 25 años de los acuerdos de Paz, es importante que hagamos un alto en el camino y veamos cuales han sido los verdaderos resultados de la implementación del modelo económico neoliberal para lo que sirvió la firma de los Acuerdos, y que hagamos un espacio histórico donde declaremos Paz con el Medio Amiente, y esto sirva para que mejoren las condiciones materiales de la gente del país”, declara Carlos Flores.
La desigualdad en la distribución del agua, dónde se privilegia el uso para actividades agroindustriales y recreativas por encima del consumo humano, además de la contaminación de ecosistemas hídricos, suelo y aire está afectando la salud y la vida de la población en muchos territorios. Además, industrias como la del monocultivo de caña de azúcar, que deforestan y contaminan cada vez más áreas en zonas de recarga hídrica, limitan la producción de alimentos por parte de agricultores.
Luis Gonzales, representante de UNES, añade que no puede haber Paz con el Ambiente si los destructores ambientales no son detenidos, y sin marcos regulatorios que permitan avanzar hacia una sustentabilidad ambiental. “La visión de sustentabilidad es la que nos tiene que dar el camino para poder conseguir esta Paz con el medio ambiente”, explica.
En este sentido, UNES urge que se elaboren y aprueben leyes y políticas públicas, que se incorpore el derecho humano al agua y la alimentación en la Constitución, se apruebe una Ley General de Aguas y las propuestas de Ley de Prohibición de la Minería Metálica, Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Ley de Cambio Climático.