Comunidades vulnerables y UNES exigen políticas públicas preventivas frente a amenazas cada vez más frecuentes de huracanes y sequías
martes 26 septiembre, 2017

Representantes de comunidades de San Salvador, Sonsonate y Ahuachapán Sur parte de la Red de Ambientalistas en Acción (RAA), junto con UNES, expresaron la urgente necesidad de que el país cuente con políticas públicas preventivas que protejan los bienes naturales y las poblaciones más vulnerables.

Ante los recientes eventos hidrometeorológicos extremos que han afectado a la región, como huracanes y sequías, surge la necesidad que los países y la comunidad internacional tomen medidas contundentes para detener los efectos del cambio climático, el cual genera fenómenos climáticos extremos.

El catastrófico impacto de estos fenómenos extremos en la naturaleza, los habitantes y la economía de los países más vulnerables, entre ellos El Salvador, demuestran la necesidad de tener políticas públicas y mecanismos nacionales que puedan responder a estas situaciones, regulando también el impacto de la actividad humana en el medio ambiente.

Luis Gonzáles, representante de UNES, explica que en El Salvador la práctica extensiva del monocultivo de caña de azúcar está teniendo impactos enormes en los recursos hídricos, que ya son escasos en el país, y detalla que es urgente que se elaboren leyes para regular este sector que tanto impacta a las comunidades y a los bienes naturales, sobre todo en la zona costera.

“En Ahuachapán en el verano se secan los ríos y no hay ingreso de agua dulce en la zona de los bosques de manglar, debido a los permisos que emite el Ministerio de Agricultura y Ganadería que facilitan la expansión del monocultivo en la zona”, aclara Sarah Guardado, miembro de la RAA de Ahuachapán Sur, urgiendo más regulaciones en el sistema.

Por su parte, Mario Herrera, representante del Comité de San Julián, comenta que en el municipio de San Julián el monocultivo de caña representa igualmente un problema serio, ya que el riego descontrolado agota los recursos hídricos de la zona, secando los pozos de los habitantes.

Las comunidades son las más afectadas por estas actividades que perjudican su entorno y por los eventos climáticos extremos, y por lo tanto son las que más urgen acciones inmediatas por parte del Gobierno. Así lo explica Sonia Sánchez, integrante de la RAA en San Salvador: “Como comunidades organizadas y miembros de la Red de Ambientalistas en Acción queremos hacer énfasis en la necesidad de trabajar para garantizar la vida en las comunidades, ya que los que se ven más afectados para el cambio climático y los eventos que genera somos las personas que vivimos en situación de vulnerabilidad”.

De cara a esta situación, UNES y representantes de comunidades, demandan:

  • La urgente discusión en la Asamblea Legislativa de la propuesta de Ley de Cambio Climático presentada por la Campaña Justicia Climática en Junio del año pasado.
  • La elaboración de reformas a la Ley de Riego y Avenamiento, para que responda a los intereses de la mayoría y preserve la sustentabilidad de los ecosistemas.
  • La revisión a los incentivos a las agroindustria, principalmente a la de la caña de azúcar, que impacta gravemente el bienestar de las personas y el medio ambiente.
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