La Red de Ambientalistas en Acción, un espacio en el cual participa organizaciones y asociaciones comunitarias, comités ambientales, juntas de aguas, ADESCOS y grupos ples, presentó un balance ambiental para el año 2017.
Miembros de la RAA explican que actualmente en nuestro país se tiene un panorama ambiental de crisis ecositémica, debido principalmente a dos factores: la actividad humana y el cambio climático, este segundo también causado por el hombre.
El medio ambiente se ve amenazado por el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la tala indiscriminada de árboles, la contaminación por el uso masivo de agrotóxicos, la expansión de los monocultivos y la falta de ordenamiento territorial. Sin embargo, la amenaza más grande identificada por los ambientalistas es la falta de voluntad política de los gobiernos para implementar políticas adecuadas en la protección de las comunidades más vulnerables y del medio ambiente.
Sarah Guardado, presidenta la Asociación de Mujeres La Colmena de Guaymango, Ahuachapán, detalla: “En nuestro territorio, el exceso del monocultivo de caña de azúcar está causando sobrexplotación de los recursos hídricos y perdida de suelo. Los bosques de manglar sufren un impacto directo ya que el agua de los ríos no llega a los manglares, lo que tiene impactos en la biodiversidad, y perjudica los medios de vida y la economía de subsistencia de muchas comunidades”.
Por su parte, Julia Menjivar, representante del Comité Ambiental de San Julián, denuncia la grave deforestación que se está llevando a cabo en todo el territorio nacional. En San Julián, específicamente, ríos y pozos artesanales de los cuales se abastecen muchas familias se están agotando debido a la falta de zonas boscosas. “Los permisos se están dando de manera inadecuada, mirando solo a los intereses de algunas empresas, mientras que las comunidades sufren los impactos”, recalca.
“Lo que también vemos como muy preocupante es el hecho que como ambientalistas somos acusados por las actividades que realizamos. Hay muchos casos de criminalización y amenazas a defensores y defensoras ambientales, como en Tacuba, Santo Tomas, La Libertad y San Isidro”, añade Manuel Alfredo Guevara, miembro del grupo PLES de Barra de Santiago, Metalío, Sonosonate.
La Red de Ambientalistas en Acción considera insuficiente el trabajo de la Asamblea Legislativa en materia ambiental, considerando que todavía no se ha logrado aprobar una Ley General de Aguas, esencial para el medio ambiente pero sobre todo para garantizar el Derecho Humano al Agua de la población, ni se ha discutido la propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria o la modificación de la actual Ley de Semillas que permite semillas nocivas en el país. Tampoco se ha dado seguimiento al proceso para aprobar el Decreto Legislativo de Prohibición de Agrotóxicos, ni a la propuesta de Ley de Cambio Climático presentada en junio de 2016, no obstante las demandas de organizaciones sociales y comunidades.
Frente a esta realidad, la RAA demanda la pronta aprobación de estas leyes y decretos y exige al gobierno nacional y a los gobiernos municipales que se de seguimiento y cumplimiento a las leyes ambientales a nivel nacional y territorial, priorizando el bienestar de las comunidades más vulnerable. Además, ambientalistas urgen desarrollar programas para la protección de defensores y defensoras ambiental, especialmente tomando en cuenta la violencia de género que afecta a las mujeres.