El Comité Ambiental de San Julián, Sonsonate, con el apoyo de la Unidad Ecológica Salvadoreña, presentó dos cartas al Tribunal Ambiental de Santa Ana denunciando la deforestación masiva que se está realizando en la zona, la cual amenaza los recursos hídricos de los y las habitantes.

Los casos presentados en esta denuncias son el de la Finca San Francisco (conocida por Finca El Tamarindo), ubicada en el Cantón Peña Blanca, y el de la Cooperativa Los Lagartos, del cantón Lagartos, ambas en el municipio de San Julián, los cuales se suman al caso de la finca Los Ángeles, denunciado recientemente por el Comité Ambiental.

Representantes del Comité explican que desde el año 2014, cuando la directiva de la cooperativa entregó 0.75 manzanas de la propiedad a cada uno de los socios y socias para su cuidado, en la finca la Los Lagartos se ha estado practicando tala intensiva y quema de lo que antes era bosque cafetalero, inclusas especies protegidas, sin contar con los permisos correspondientes.

Al mismo tiempo, en la finca San Francisco, “desde el año 2015 se han talado más de 60 manzanas de las 100 del terreno de la finca, también sin contar con permisos, como se constató en una inspección realizada por la Unidad Ambiental de la Alcaldía del municipio de San Julián en fecha 6 de abril de este año”, detalló un representante del Comité.

Estos casos de deforestación masiva son preocupantes pues tienen graves impactos en los recursos hídricos de los habitantes del municipio. Ríos que abastecen a las comunidades, como el Guascalío y el Aguacaliente, se están secando, y la subcuenca del río Tazulah, que cuenta con un área de bosque con amplia variedad de especies de árboles se ve amenazada. Además, la falta de árboles ha modificado el microclima de la zona, impactando ulteriormente a sus habitantes.

El Comité Ambiental y UNES esperan que a través de la intervención del Tribunal Ambiental se pueda parar la deforestación masiva e iniciar una reforestación de las zonas afectadas. En este sentido, urgen la aplicación de leyes en favor de la gente y la creación de nuevos instrumentos legales que puedan proteger la población y garantizar su bienestar.